El caso se remonta a la presencia histórica del sultanato de Sulu en Filipinas y una parte de Sabah (Malasia).
Se centra en un acuerdo colonial de 1878 por el que el sultán de Sulu cedía a perpetuidad el norte de Borneo (actual Sabah) a los comerciantes Gustavus Baron von Overbeck y Alfred Dent. Los comerciantes acordaron un pago anual de 5.000 RM a los herederos legítimos del sultanato de Sulu. En 1903, la cesión se confirmó a la Compañía Británica de Borneo del Norte.
En 1936 murió el sultán Jamalul Kiram II y se suspendió el pago al no poder determinarse quiénes eran los herederos legítimos del sultanato de Sulu. En 1936, el Tribunal Superior del Estado de Borneo del Norte identificó a los herederos del sultán de Sulu que tenían derecho al pago de la cesión ("la sentencia Macaskie de 1939").
En 1962, Sabah ejerció la autodeterminación y se unió a Malasia en 1963. El Gobierno malayo nunca ha reconocido la legitimidad del autoproclamado sultanato de Sulu.
El acuerdo de 1878, heredado por Malasia, implicaba pagos a los supuestos herederos del sultán Jamalul Kiram II hasta 2013.
Los pagos cesaron tras una violenta invasión armada de Sabah en 2013, ordenada por el autoproclamado sultán Jamalul Kiram III. El mortífero ataque, que causó 78 víctimas, llevó a Malasia a suspender los pagos, tomando medidas decisivas contra una amenaza a la seguridad.
Las "Fuerzas Reales de Sulu", responsables de la invasión armada de 2013, han sido declaradas grupo terrorista por el Gobierno malasio, lo que subraya la prioridad que sigue teniendo la seguridad en Sabah.
En abril de 2023, el Ministerio del Interior malasio clasificó a Fuad A. Kiram como terrorista por su participación y comisión de un acto terrorista y su estrecha afiliación a las Fuerzas Reales de Sulu.
Los ocho reclamantes de Sulu afirman ser descendientes del llamado sultán Jamalul Kiram II de Sulu, fallecido en 1936. El Gobierno malasio entiende que todos ellos son ciudadanos filipinos. Sin embargo, hay muy poca información sobre su identidad o su verdadera relación con el sultán, que sigue siendo cuestionada. Los nombres de los reclamantes son:
Los demandantes reciben financiación de una empresa mundial de financiación de litigios, Therium. Esto significa que las ocho personas cuentan con el apoyo financiero de una empresa mundial bien financiada que pretende beneficiarse del éxito de los casos en los que invierte. Esta financiación cubre los gastos jurídicos de los abogados que representan a los demandantes de Sulu en distintos procedimientos en curso en todo el mundo.
Sigue siendo incierto si Therium o los asesores legales de los demandantes han llevado a cabo la diligencia debida sobre la verdadera identidad de los demandantes de Sulu y sus conexiones con el autoproclamado Sultanato de Sulu. Los informes indican que Therium ya ha invertido más de 20 millones de dólares en la reclamación, anticipando beneficios sustanciales del Gobierno de Malasia. Malasia desconoce si Therium está proporcionando directamente apoyo financiero a los demandantes de Sulu.
El 6 de junio de 2023, Malasia obtuvo una victoria histórica en el Tribunal de Apelación de París al impugnar con éxito el laudo parcial emitido el 25 de mayo de 2020 por el Dr. Gonzalo Stampa. Este veredicto anula el exequátur del laudo parcial en Francia y confirma que Malasia nunca se sometió a arbitraje. También invalida el supuesto laudo final a todos los efectos y señala su posible anulación. Malasia está buscando activamente un rápido registro de la anulación en una decisión judicial, anticipándose al desmantelamiento de los esfuerzos de ejecución global de los demandantes.
El 27 de junio de 2023, Malasia logró otra importante victoria en el Tribunal de Apelación de La Haya. El tribunal estimó la impugnación de Malasia contra el reconocimiento y la ejecución en los Países Bajos del supuesto laudo final emitido ilegítimamente por el Dr. Gonzalo Stampa el 28 de febrero de 2022, en París.
La decisión del Tribunal de La Haya se basó inequívocamente en tres motivos:
El 9 de noviembre de 2023, un juez de ejecución de París documentó oficialmente la retirada por parte de los demandantes de su solicitud de embargo sobre tres propiedades diplomáticas de Malasia en París, vinculadas a la disputa arbitral de 14.920 millones de dólares. Tras la decisión del Tribunal de Apelación en junio, que estimó la impugnación del Gobierno malasio contra el laudo parcial emitido por el árbitro el 25 de mayo de 2020, se produjo la retirada de la demanda contra las propiedades de París. El juez ordenó a los demandantes pagar 15.000 euros a Malasia en concepto de costas adicionales, además de los 100.000 euros ordenados por un Tribunal de Apelación de París a principios de año.
El 11 de diciembre de 2023, el Dr. Stampa, único árbitro responsable de emitir el llamado Laudo Final contra el Gobierno de Malasia, se enfrentó a un juicio penal en Madrid. Se le acusó de dos delitos: desobediencia continuada e intrusismo agravado por atribuirse públicamente el papel de árbitro.
En una sentencia histórica de 22 de diciembre de 2023, el Juzgado de lo Penal de Madrid condenó al Dr. Stampa a seis meses de prisión y a un año de inhabilitación para ejercer como árbitro. Esto se debió a su desobediencia consciente y flagrante de sentencias y órdenes claras del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
