El asunto se centra en el estado malasio de Sabah y un acuerdo colonial que se remonta a 1878.
En 1878, el entonces sultán de Sulu, Muhammad Jamal Al Alam, firmó un acuerdo con Gustavus Baron von Overbeck y Alfred Dent. En virtud de este acuerdo, el entonces sultán de Sulu concedió y cedió su tierra y territorio, así como sus derechos soberanos, en Borneo del Norte a cambio de una contraprestación económica de 5.000 RM (moneda local de la época). En 1903, el sultán Jamalul Kiram II confirmó la cesión de las islas a la Compañía Británica de Borneo del Norte y el pago anual por la cesión aumentó a 5.300 RM.
En 1936, falleció el sultán Jamalul Kiram II y se suspendió el pago al no poder determinarse el heredero legítimo y legal del sultán. En 1939, el Tribunal Superior del Estado de Borneo Septentrional (Presidente del Tribunal Supremo Macaskie) declaró que los herederos del Sultán de Sulu tenían derecho a recibir el pago en virtud del Acuerdo de 1878 ("Sentencia Macaskie de 1939").
En 1962, el pueblo de Sabah ejerció su derecho a la autodeterminación y se unió a la Federación de Malasia cuando ésta se formó en 1963. El Gobierno de Malasia nunca ha reconocido la legitimidad del llamado Sultanato de Sulu, sin embargo, heredó la posición original de los Sres. Overbeck y Dent en el Acuerdo de 1878. En consecuencia, Malasia siguió efectuando pagos a los herederos del sultán de Sulu desde 1963 hasta 2012.
Los pagos finalizaron en 2013 tras una violenta invasión armada de Sabah, lanzada desde el archipiélago de Sulu, bajo las órdenes del autoproclamado sultán Jamalul Kiram III, que causó 78 víctimas. El Gobierno tomó medidas decisivas y lógicas en respuesta a una amenaza a su seguridad y a los ataques en su suelo.
En 2017, los supuestos herederos solicitaron al Ministerio de Asuntos Exteriores británico que designara a una persona para dirimir el litigio. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido se negó en redondo a designar a ninguna persona o a implicar al Gobierno británico en el asunto.
En 2018, los supuestos herederos del sultán Jamalul Kiram II decidieron iniciar acciones legales en España con una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la base de una conexión histórica (inexistente) entre España y el Acuerdo de 1878, solicitaron al tribunal que designara un árbitro. Alegaban, en esencia, lo siguiente
- Malasia había incumplido el acuerdo de 1878 porque había interrumpido los pagos anuales.
- Malasia tuvo que pagar a los demandantes de Sulu una indemnización por daños y perjuicios que reflejaba el valor de los supuestos territorios y tuvo que renegociar el Acuerdo de 1878 para obtener futuros ingresos del territorio.
- El Acuerdo de 1878 contenía una cláusula de arbitraje (algo que Malasia niega rotundamente) y, por tanto, los tribunales españoles debían nombrar un árbitro para resolver la disputa.
Desde entonces, el asunto sigue su curso.
